La dramática situación del turismo a nivel mundial ha conducido a que organismos internacionales, cámaras empresariales, organizaciones sindicales y movimientos populares, sociales y comunitarios le exijan al Estado intervenir en la economía ofreciéndoles medidas de alivio a través de subsidios, créditos, rebajas y exoneraciones de impuestos, regulaciones, entre otras medidas. Estos pedidos parecieran contradecirse con la mirada ortodoxa neoliberal de la economía en cuanto a la no-intervención del Estado en el mercado, que ha sido suscrito por diversos protagonistas del sector turístico. Ante esto, nos preguntamos: ¿la pandemia del COVID-19 ha significado un cambio en la opinión de ciertos actores frente al Estado?
Durante el período 2015-2019, la cartera de turismo nacional ha padecido fuertes ajustes, desde la baja de rango sufrida en septiembre de 2018, donde Turismo pasó de ser Ministerio a Secretaría, como así también recortes en materia presupuestaria, tal como lo señala la colega Erica Schenkel en su artículo ¿Qué deja el gobierno de Mauricio Macri en materia de política turística? publicado en diciembre pasado. Estas medidas no sólo implicaron menores recursos económicos para el diseño e implementación de políticas turísticas, sino también equipos de trabajo más reducidos, la caída de programas hasta entonces vigentes y, por supuesto, un Estado con menor capacidad para dar respuesta a problemáticas cotidianas (particularmente de los sectores más débiles de la economía turística), situación que se vio agravada por los efectos de la pandemia que estamos transitando.
De alguna manera se verifica la metáfora de la profecía autocumplida, donde, por un lado, se critica la presunta ineficiencia de los Estados, al mismo tiempo que se desfinancian numerosas carteras y programas. Así, los actores que hoy demandan respuestas inmediatas, profundas y que abarquen a todo el sector, eran los mismos que tenían una postura de connivencia frente a la política sistemática de recortes en el ámbito público.
La contradicción resulta evidente: si se avala el desfinanciamiento del Estado, todo indicaría que se espera de él un rol pasivo y no activo como el que se le está exigiendo en estos días. El desafío se plantea, entonces, en que estas demandas no sean coyunturales y, producto de la experiencia de la pandemia, exista un genuino interés en un Estado presente que sea capaz de soportar e impulsar la actividad tanto en las crisis como en los tiempos de bonanza.
Acerca del papel que el Gobierno Nacional ha tenido (y tiene) en esta pandemia, podemos señalar que ha respondido a muchas de las exigencias del sector turístico. Tal vez de forma lenta, insuficiente e incluso sin alcanzar aún a algunos sectores más vulnerables de la actividad, pero ha reaccionado. Entre las principales medidas, se pueden mencionar el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que consta del pago de parte del sueldo de los trabajadores del sector privado, la reducción y postergación del pago de cargas patronales, el congelamiento de servicios públicos y alquileres y las diferentes medidas de índole operativa que permitirán ahorrar costos fijos a las agencias de viajes (habilitar el cierre temporario, la posibilidad de compartir estructura funcional e incluso sucursales virtuales, entre otras). A esto se suma el denominado Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo (PACIT), el cual se nutre de un fondo de AR$ 4.500 millones y parte de éste proviene del tan cuestionado impuesto PAIS a la compra de bienes y servicios en moneda extranjera.
Por tanto, es un momento más que oportuno debatir nuevamente la construcción de un Estado de Bienestar que implique un nuevo contrato social, proponiendo políticas públicas que le devuelvan su protagonismo, habida cuenta que esta crisis sanitaria nos ha mostrado la necesidad imperiosa de contar con organismos públicos fuertes y activos, que puedan brindar soluciones innovadoras frente a una realidad cada vez más compleja.
En este sentido, resulta llamativo que en numerosas declaraciones de funcionarios y especialistas se resalta que esta experiencia daría por hecho que el sector público tendrá un rol más protagónico en el futuro. Sin embargo, no parecen estar en agenda aún las medidas o acciones concretas que podrían otorgarle ese papel preponderante interviniendo de forma activa en el mercado en función del bienestar social. Creemos que la emergencia nos otorga una ocasión inmejorable para posibilitar un sincero debate y sentar las bases para que eso suceda.
La Argentina no es el único país que se encuentra ante esta situación y este dilema. Gran parte del planeta está sufriendo las mismas consecuencias y tomando decisiones similares que tienen que ver con la inyección millonaria de recursos de forma directa, tanto a las personas como a las empresas. En este contexto de pandemia, son muchos los países que han llevado adelante fuertes políticas de intervención del Estado en la economía; refiriéndonos al sector turístico en particular, podemos citar casos como el del grupo Air France-KLM, del que el Estado francés y holandés poseen el 14% de las acciones cada uno, han aprobado una asistencia financiera en créditos por 10 mil millones de euros entre ambos países. También el Estado alemán, conducido por Ángela Merkel estaría negociando un salvataje millonario de la línea aérea Lufthansa a cambio del 25% de sus acciones. Finalmente, el Estado italiano ha decidido la estatización de la aerolínea Alitalia.
Los dirigentes de los países mencionados, y de muchos otros, entienden que cuidar a las empresas del país es cuidar a la economía doméstica. Porque no sólo se protege el empleo, sino también ese “saber hacer” que las empresas han construído a lo largo de su historia y que, de alguna manera, también es un capital que le pertenece a la nación donde operan. Pensemos, por ejemplo, en una empresa de turismo receptivo que tiene 10 años de operaciones: todo ese tiempo implicó un aprendizaje de desarrollo de mercados, productos, proveedores en los destinos de Argentina, capacitaciones a sus trabajadores y trabajadoras, entre otras acciones. El Estado necesita que esa empresa esté en condiciones de operar cuando se levanten las restricciones a nivel mundial, para volver a hacer motorizar la economía y, en este caso puntual, fomentar el ingreso de divisas al país, factor crucial para poder enfrentar la crisis que genera esta pandemia. El cierre de una empresa de estas características sería muy lamentable para sus trabajadores y trabajadoras, quienes perderían sus empleos, pero también para el Estado por la pérdida de ese “saber hacer” o “know how” con la que cuenta esa compañía.
Sin embargo, en caso que el Estado otorgue beneficios para estas empresas en el presente contexto de crisis, es deseable que cuente con garantías para que esos recursos, que a fin de cuenta son de todos los argentinos, tengan un aporte virtuoso y cumplan con la finalidad deseada. Esto confronta ante la escasa capacidad que cuenta hoy el sector público para controlar y hacer un seguimiento de las miles de empresas y millones de trabajadores y trabajadoras que han solicitado su asistencia mediante las distintas políticas implementadas. Esta situación genera un verdadero “cuello de botella” donde sectores que necesitan imprescindiblemente la colaboración del Estado, no tienen acceso a esos mecanismos, como suele ocurrir en los actores más vulnerables de la sociedad en general, y del turismo en particular, tal es el caso de guías de turismo, prestadores autónomos y monotributistas en general. Nuevamente, queda de manifiesto que el desfinanciamiento del Estado afecta principalmente a quienes necesitan más de él.
Analizando el contexto turístico actual y futuro, creemos que es factible hacer algunas reflexiones al respecto: ¿debería el Estado limitarse a tener un papel de salvataje hasta que todo vuelva a la “normalidad” o tomar la iniciativa para apuntalar y reactivar la actividad turística, con rol de liderazgo del sector? ¿Cuáles son los recursos que tiene y tendrá el sector público para llevar a cabo estas tareas? ¿Está en capacidad de dar respuestas más contundentes luego del proceso de desfinanciamiento que ha tenido la cartera en los últimos años?
En nuestro artículo COVID – 19 y Turismo: una relación compleja y ¿oportuna?, planteamos la necesidad imperiosa que esta pandemia nos permita repensar la actividad turística de manera integral. En los últimos tiempos, mucho se ha teorizado acerca de la “nueva normalidad” que enfrentaremos al finalizar la pandemia que nos azota, concepto que pareciera soslayar que el mundo anterior a la crisis sanitaria no era perfecto ni presentaba un desarrollo armónico para nuestro planeta. Por tal motivo, consideramos fundamental cuestionarnos la vieja normalidad para que esta nueva sea mejor, más justa, soberana y equitativa. Entendemos que el Estado sin dudas tiene un papel central en esta discusión, como organismo activo y generador de políticas públicas que garanticen un desarrollo federal y sostenible de nuestra actividad.
Usina Turística
Buenos Aires, Argentina - 30 de mayo de 2020
Contacto:
@usinaturistica
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